miércoles, 3 de diciembre de 2008

Lo que pasa con la Sindicatura de Greuges

Aparece en el diario INFORMACION del Lunes dia 1 de Diciembre un artículo del profesor Asensi Sabater que inmediatamente después de su lectura provoca una reflexión mucho mas desalentadora que la suya. Según el profesor Asensi, parlamentario en los años que se aprobaron el Estatuto de Autonomía y la Ley del Sindic de Greuges, ahora, con el paso del tiempo y con un probable cambio de opinión, ya no encuentra ninguna razón que explique la existencia del Defensor del Pueblo y las instituciones similares. Atribuye su introducción en nuestro sistema jurídico a una especie de euforia constitucional y estatutaria y nos dice a los ciudadanos que no nos dejemos llevar por ninguna ilusión y que estas instituciones “probablemente inútiles” que sólo sirven para colocar amiguetes en los cargos, celebrar jornadas “fantasmas” y despachar unas pocas quejas. Y cuando llega a esta conclusión recomienda a quienes representen estas instituciones que, ya que no sirven para nada, dejen de crear problemas.

En esta desalentadora afirmación muestra una postura absolutamente descreida respecto del Estado Social como pilar básico de nuestra Democracia. Una postura de corte profundamente neoliberal que desemboca, lógicamente, en la desacreditación de instituciones como los defensores del pueblo, que nacen inspiradas en la necesidad de crear un modelo capaz de dar respuesta a los retos que, en el marco del actual modelo social económico y político, plantea la tutela eficaz de los derechos constitucionales y estatutarios, siendo su misión esencial servir de instrumentos de defensa de esos derechos, y de manera muy especial, y casi única, como vías de expresión y de transmisión de esa necesaria participación ciudadana.

Desde la perspectiva de los hechos acaecidos con la Sindicatura, sorprende que se afirme que el profesor Del Rosal “tomó la sabia decisión” de dejar su cargo. En virtud de esa ley a Don Bernardo Del Rosal, una vez terminado su mandato no le cabía ninguna otra opción. No podía continuar como Sindico ni siquiera en funciones. Por mandato de la ley el Sindic saliente o es otra vez propuesto y reelegido o tiene necesariamente que cesar en el cargo. No caben otras decisiones. Y esas fueron las circunstancias que se dieron en su momento. Y precisamente para estas condiciones de finalización de un mandato y necesidad de consenso en la designación de un Sindico, la ley prevé un mecanismo que asegura la continuidad de la misión de la institución a través de la asunción de su titularidad por el Adjunto Primero “en funciones” pero con todas las facultades y prerrogativas. Se han dado muchos ejemplos de estas circunstancias en otras Comunidades y las Instituciones respectivas no han entrado en ningún estado de coma, como pretende difundirse, y se ha conservado la normalidad institucional. Pero sobre todo estas instituciones no han sido puestas en cuestión ni han sido tildadas de inútiles e ineficaces por pasar por esas circunstancias. Lo que nos dicta la Ley es precisamente lo contrario y por eso establece ese mecanismo de continuidad. Obliga a los grupos parlamentarios a llegar a un consenso pero, consciente de que ese consenso queda sometido a las reglas del legitimo juego democrático salva a la institución mientras se logre. Y en ese juego no vale romper la baraja ni inventarse nuevas normas.

Desde que por mandato legal Del Rosal cesó en su cargo, la institución del Sindic ha seguido cumpliendo con su misión de defensa de los ciudadanos. Y precisamente han sido las circunstancias que han rodeado ese cumplimiento por parte de la Adjunta Primera, Doña Emilia Caballero, con eficacia y con una “ejecutoria brillante” las que han provocado la peculiar situación actual. Solo hay que recordar varias de sus actuaciones como las relativas al Plan Rabassa, la Ley de la Dependencia, la de Educación para la Ciudadanía entre otras. La institución no estaba en esa situación insostenible que nos describen, se ejercía su titularidad por la persona designada por la ley. Pero ese ejercicio precisamente resultaba incomodo para el Grupo Popular porque se realizaba desde una profunda creencia en la utilidad de la institución y sin ceder a la tentación de pasar de forma desapercibida. Ante esas circunstancias el Grupo Popular rompe la baraja y se levanta de la mesa de juego poniendo sobre la mesa un nuevo y grotesco comodín. Deciden que mientras se logre el consenso y como eso tiene un precio, no siguen jugando y sencillamente incumplen la ley. Tampoco proponen su modificación porque las cartas no son favorables. Recurren a una ilegitima reforma reglamentaria y se consideran ganadores de la partida.

Ante esta situación no se entiende la postura de equidistancia que adopta el profesor Asensi en su análisis de lo ocurrido. Y todavía se entiende menos la sugerencia de soluciones “imaginativas” como la de recomendar a los Adjuntos su dimisión. Como la Ley no les impone el cese como al profesor Del Rosal, el profesor Asensi les propone la dimisión como solución al problema creado por la vulneración de la ley y considera que esa seria la única forma en que pueden prestar un servicio a la ciudadanía. Porque el ejercicio de su responsabilidad institucional, el no dejar la sindicatura en el vacío y en la ineficacia total, el estar en definitiva de manera incondicional en el exigible respeto al Estado de Derecho, no le merecen al profesor actitudes ni contribuciones dignas de consideración en cuanto al mantenimiento de la credibilidad de la institución se refiere.Afortunadamente todavía la situación puede resolverse con una actuación del Tribunal Superior de Justicia que no seria una vuelta atrás, sino un obstáculo insalvable para el ejercicio de las prácticas poco respetuosas con las normas que imponen el respeto a la legalidad y un juego democrático limpio. En definitiva el respeto al Estado Democrático de Derecho.

domingo, 30 de noviembre de 2008

Font de Mora… Yes, we can


Ayer se realizó una importante manifestación por las calles de Valencia, el Grupo 180 estuvo allí representado por algunos de sus miembros. Como siempre en los medios aparece la guerra de la cifra de datos que suele haber en estos eventos. El gobierno de Camps hablaba de 10.000 manifestantes y los organizadores de 80.000. La verdad es que desde la cabecera de la manifestación a la cola pasaron hora y cuarto de un coso educativo multicolor, porque aquello era una fiesta por la educación pública: padres, alumnos y alumnas, docentes, sindicatos y partidos políticos.

Cuestionada su representatividad por el Conseller Font de Mora, la verdad es que consiguió el Conseller lo que nadie había conseguido nunca, unir a todos los colectivos por un motivo pedagógico, no por una cuestión de inversiones o reivindicaciones salariales, que también.

Si uno de los principios del estado del bienestar, asumido ya por gran parte de las derechas europeas, pasa por la distribución equitativa de la riqueza a través de los servicios públicos, y si los instrumentos son las pensiones, la sanidad y el sistema educativo, sin lugar a dudas en la educación ha de ser la redistribución del conocimiento, que ha de llegar a todos y con un sistema público educativo garantista de este concepto.

Y quienes están en este momento al frente del gobierno autonómico desoyen este criterio, sin lugar a dudas por motivos ideológicos cada vez más evidentes. Con la fractura educativa determinados sectores de la sociedad difícilmente alcanzarán la igualdad en el conocimiento, y en estas condiciones las clases dominantes, las que ejercen el liderazgo de la sociedad, siempre saldrán de un mismo estrato social, lo que hace más fácil sostener las distancias entre clases y el poder. Nos devuelven otra vez a tiempos de la revolución industrial del XIX, donde a costa de la máxima calvinista de que el trabajo dignifica se sobreexplota a gran parte de la sociedad, mientras que las plusvalías son para unos pocos. Que mejor que utilizar el sistema educativo para perpetuar este fin.

De este modo hemos estado viendo el importante deterioro del sistema público de enseñanza: sin inversiones, con centros deteriorados, en condiciones tercermundistas (miles de alumnos estudiando en barracones), con facturas sostenidas por los padres por falta de fondos de maniobra en los centros, con una población escolar masificada, también por el fenómeno de la inmigración del que no participa la enseñanza concertada, y siendo utilizada como vertedero del fracaso escolar de dicho sistema de concertación. Con un panorama así hemos de añadir el mal funcionamiento para cubrir las bajas de docentes, la cuestionada autoridad de los profesionales, la repercusión en el trabajo de estas pésimas condiciones, lo que hace que tengamos un cuerpo de profesores totalmente desmotivado y desmoralizado.

Pues a todo esto solo le faltaba una gota que colmara el vaso, el problema de la Educación para la Ciudadanía. Una materia que efectivamente hace doctrina, doctrina de ciudadanía. Que los futuros ciudadanos y ciudadanas conozcan su sistema jurídico, las bases del ordenamiento democrático, los derechos y deberes de los ciudadanos, el papel de sus instituciones, y como no, a convivir en la tolerancia y a fomentar el espíritu solidario. Con unos criterios ideológicos como los antes expresados es imposible la compatibilidad con esta nueva materia, máxime con la connivencia con la iglesia católica, convertida en brazo propagandístico de la derecha más conservadora de nuestro país, y que reclama en ser patrón de ética de todos, creyentes o no, permitiéndose el lujo de hacer doctrina fuera de sus púlpitos y anatemizando el derecho al conocimiento de las normas de convivencia de unos y otros.

Se intentó impedir la aplicación de la nueva materia de muchas maneras, pero finalmente alguien tuvo la divertida idea de impartirla en inglés. Lo que parecía una broma pesada se convirtió en realidad. Con una población escolar con insuficiente capacidad lingüística como para comprender la materia en inglés, y con el pendiente déficit de profesores de inglés en los primeros cursos de primaria se lanzaron al peligro como un trapecista, con la ayuda del instrumento represivo de los inspectores y las amonestaciones a los profesores como pértiga para mantener el equilibrio.

Ayer decía Gemma Piqué, presidenta de la FAPA de Valencia y en representación de la plataforma en defensa de la enseñanza pública que “no obligue al profesorado a cumplir órdenes incumplibles. No escondan sus razones. Ustedes no quieren que se enseñe Educación para la Ciudadanía. Eso lo sabemos todos los que estamos aquí”. Han forzado la máquina de más, y en su pulso contra el gobierno central con criterios ideológicos de la derecha más rancia, han convertido el problema en la gota que ha desbordado el vaso de la deteriorada enseñanza pública. No se debe abrir la caja de Pandora cuando sabemos que las cosas no andan bien.

Es en estas ocasiones, con peligro de ser tachada la idea de jacobina, se podría pensar que el sistema educativo no debió entregarse en su totalidad en manos de las Autonomías. El corpus curricular debería ser igual para todo el territorio, y sin bien puede ser aceptable que la financiación sea gestionada desde los gobiernos autonómicos, por conocer desde la proximidad las necesidades de los conciudadanos, si al menos hubiera sido deseable un cuerpo de inspectores estatal, absolutamente profesional, que velara por la calidad de la educación en todos sus aspectos y por igual en todos los territorios del Estado. Nos hubiéramos evitado estos experimentos de aprendiz de brujo y puede que hubiera amortiguado en gran medida la fractura educativa que existe en la Comunidad Valenciana.

La peor noticia que puede recibir una nación, es que los hijos tengan una preparación más deficiente que los padres, porque es prueba de una degeneración sin paliativos. No juguemos con el futuro de los nuestros, no juguemos con nuestro futuro.

martes, 14 de octubre de 2008

El punto G

Sirva como presentación del Grupo180 este artículo que nos dedicó la periodista Mercedes Gallego, publicado en el Diario Información el 21 de Enero de 2007


Intentar que el PSOE abandone el autismo en el que está instalado desde hace ya demasiado tiempo; lograr que sus dirigentes dejen de vivir de espaldas a la realidad, como lo han venido haciendo; o que la candidatura para la próxima cita electoral municipal que encabeza Etelvina Andreu se elabore desde el sentido común y no desde las cuotas familiares -que ya es sabido cuántos disgustos acarrean- son algunos de los retos que mueven a un grupo de vecinos de Alicante -militantes de base y simpatizantes socialistas- a juntarse periódicamente y poner en común ideas y planteamientos encaminados a mejorar esta ciudad y el concepto que los que en ella vivimos tenemos de quienes ocupan la Casa Consistorial. Tan conscientes son de la necesidad de un cambio en el Ayuntamiento pero, sobre todo, en la estructura de un partido que parece sentirse tan cómodo en la oposición como para no moverse de ahí, que se denominan G180 en clara alusión a los grados que deberían girar los socialistas para no repetir el último batacazo electoral. Se consideran «gente de la calle», un foro de debate -«que no de presión», puntualizan- al margen de corrientes -ninguno de ellos ocupa cargo alguno en los órganos de dirección del partido- que en cada encuentro debaten no sólo sobre cómo actuar para lograr un cambio en el sillón de la Alcaldía sino también acerca de la necesidad urgente de una regeneración total, «el trabajar por una nueva pedagogía política que acabe con la idea de que todos los políticos son iguales, que todos son unos corruptos, porque no es cierto», puntualiza uno de los asistentes a estas citas que, sin ser miembro del G180, comparte con el grupo muchas de sus inquietudes.

Como él hay unos cuantos que periódicamente son invitados para que expongan sus propuestas y opiniones y amplificar así el campo de visión del colectivo. Profesionales de reconocido prestigio como el magistrado Luis Segovia; el catedrático de Derecho Procesal José María Asencio -que se ha acabado integrando en el grupo-; el ex presidente del PSPV-PSOE y también del Congreso, José Beviá; el sociólogo experto en inmigración y desarrollo Carlos Goméz Gil o la Síndica de Agravios, Emilia Caballero, ya han compartido estos encuentros en los que también esperan, por citar sólo un par de ejemplos, al decano del Colegio de Abogados, Mariano Caballero, o a personalidades de la talla del magistrado y miembro emérito del Tribunal Constitucional Vicente Gimeno Sendra.

Partidarios del trabajo directo en la calle, en el sentido de conocer las inquietudes y preocupaciones de la gente como paso previo e ineludible para intentar darles respuesta, «hablan en clave de ciudad, de proyectos para mejorarla, para hacerla más habitable, menos inhóspita», señala otro de los asistentes, para quien la sombra del apoyo socialista al Plan Rabasa es alargada y que defiende que «ningún concejal de los que ahora forman el grupo municipal socialista debería repetir. Hace falta una renovación total, una ruptura con lo anterior. De no ser así se perderá una posibilidad de gobierno que en esta ocasión es real».Con todo, los buenos propósitos de este grupo chocan de entrada contra algo que se llama tiempo y que hace imposible que esa ansiada renovación en el partido se produzca antes de la cita con las urnas y, por ende, de la confección de la candidatura con la que el PSOE se la jugará en las elecciones del próximo mayo. Decir aquí y ahora que, en esta ciudad, partido y candidata no caminan de la mano no es desvelar nada que no se sepa o que no se pueda constatar con un análisis somero del día a día. Tan evidente es que sin cambio, al menos de actitud, el resultado es sombrío como que sólo desde la generosidad más absoluta -e impensable, añadiría- se podría asistir al giro de alguno de los 180 grados que dan nombre al grupo. Pero hablar de generosidad cuando lo que está en juego es la supervivencia viene a ser algo así como encerrar a un niño en una habitación repleta de golosinas y pedirle que no coja ninguna. Un milagro. Aún así, es innegable el papel que para la buena salud democrática y reivindicativa juegan colectivos como el G180, que confían incluso en que un día se consiga una dinámica social que haga que en el engranaje de la representación política los partidos sean auténticas correas de transmisión entre pueblo e instituciones. Pero en tanto eso llega, si es que lo hace, es fundamental que estos grupos de ciudadanos inquietos existan y que se sepa dónde están. Como el punto G, vamos.

domingo, 12 de octubre de 2008

Comienzo del blog

Buenas,

con este mensaje comienza el blog del grupo180 de Alicante.

Un saludo socialista

Daniel